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Esta página fue publicada como cobertura especial de La PortadaPR y se actualizó cada hora durante la fase activa de la crisis. El viernes 15 de mayo, cuando los líderes del Comité Negociador firmaron un preacuerdo con la rectoría local de Río Piedras, esta redacción escribió: "Si Río Piedras abre los portones el lunes, la huelga se acabó. Zayira Jordán Conde sale airosa sin haber cedido nada." Tres días después, la asamblea ratificó exactamente eso.
La posición editorial de La PortadaPR es que la huelga UPR 2026 terminó en fracaso para el movimiento estudiantil. Los líderes negociaron concesiones que cualquier rectoría firma al final de cualquier paralización: no represalias, ajustes de calendario, ayudas alimentarias. Ninguno de los cuatro reclamos que justificaron la paralización de 11 recintos fue atendido. La presidenta Zayira Jordán Conde permanece en el cargo sin haber cedido un solo punto. El PC1256 sigue en la Cámara. La fórmula del 9.6% sigue eliminada. Los cinco rectores destituidos siguen afuera.
Pero el fracaso no es accidental. Es el producto de un cambio estructural que hace que las huelgas universitarias en Puerto Rico ya no funcionen como antes, aunque se vean iguales por fuera.
Para entender por qué, hay que recordar lo que estaba en juego cuando las huelgas eran reales.
El 4 de marzo de 1970, Antonia Martínez Lagares, una estudiante de educación de 20 años del Recinto de Río Piedras, originaria de Arecibo, observaba desde el balcón de su residencia estudiantil en la avenida Ponce de León cómo la Fuerza de Choque golpeaba a estudiantes que protestaban contra la presencia del ROTC en el campus. Gritó "¡Asesinos!" Un agente miró hacia el balcón, sacó su revólver de servicio y le disparó en la cabeza. El disparo también hirió a otro estudiante que estaba a su lado. El policía fue acusado pero absuelto. El caso nunca se resolvió.[1][2]
Un año después, el 11 de marzo de 1971, la policía ocupó el campus de Río Piedras. Ese día murieron tres personas: dos policías, incluyendo el jefe de la Unidad de Operaciones Tácticas, y un cadete del ROTC. Esas muertes provocaron la salida del ROTC del recinto y la adopción institucional de la política de no confrontación que ha definido las relaciones entre la universidad y la policía desde entonces.[3]
En 2010, durante la huelga contra la cuota de $800, la policía volvió a golpear a estudiantes que se manifestaban.[4] La ACLU documentó abusos generalizados. Su investigador principal declaró públicamente que comenzó a investigar el abuso policial en la isla "en marzo de 2011, cuando la policía suprimía violentamente manifestaciones estudiantiles universitarias prácticamente a diario."[5]
Esa investigación llevó al Departamento de Justicia federal a demandar al Estado Libre Asociado en 2012.[5][6] En 2013, se firmó un decreto de consentimiento federal con 301 requisitos de reforma y un monitor judicial independiente. El decreto cubre específicamente el uso de fuerza, el control de multitudes y la respuesta a manifestaciones.[6][7] Está vigente en 2026. La gobernadora Jenniffer González pidió a la administración Trump que retirara a Puerto Rico de la reforma, pero la ACLU aclaró que solo el juez federal Francisco Besosa tiene la autoridad para terminar el acuerdo.[8]
La conexión es directa: el decreto de consentimiento de 2013 fue detonado por la violencia policial contra estudiantes de la UPR en 2010 y 2011.[5][6] Las reformas de control de multitudes que impone son la razón por la cual la administración de la presidenta Zayira Jordán Conde no pudo enviar a la Fuerza de Choque a romper portones como se hacía antes. Están bajo una orden de un tribunal federal que prohíbe exactamente esa conducta.[6][7]
Esto cambia todo.
Cuando Antonia murió en un balcón en 1970, cerrar un portón era una decisión con consecuencias físicas reales e impredecibles. Los estudiantes arriesgaban golpes, arrestos, expedientes y, como se demostró, la vida. Cuando tres personas murieron en 1971, el costo del conflicto era tan alto que obligó cambios institucionales profundos. Cuando los estudiantes fueron golpeados en 2010, el escándalo fue tan grave que provocó la intervención del gobierno federal.
En 2026, ese riesgo ya no existe de la misma manera. Y eso es, en sí mismo, un avance. Que nadie haya muerto, que nadie haya sido golpeado por la Fuerza de Choque, que la crisis se haya resuelto por desgaste burocrático y no por violencia estatal, es el resultado directo de décadas de lucha, de litigios, de sacrificio, y de una orden federal que le puso un freno a la policía de Puerto Rico.[6][7]
Pero ese mismo avance alteró la estructura de incentivos de las huelgas de una manera que nadie discute abiertamente.
Las huelgas estudiantiles en la UPR hoy se ven como las de antes. Los portones se cierran. Se forman líneas. Se ponen carpas. Se cantan consignas. Se negocia. Pero la maquinaria detrás es completamente distinta. Lo que antes era un acto con riesgo físico real, donde la Fuerza de Choque podía entrar al campus y la gente podía terminar herida o muerta, ahora es un ejercicio donde todos los actores conocen los límites del juego antes de que empiece. La administración sabe que no puede usar fuerza. Los estudiantes saben que no van a ser golpeados. Los líderes estudiantiles saben que pueden cerrar portones, negociar, y salir del otro lado con un perfil público más alto del que entraron. Las ópticas son las mismas. La estructura que las sostiene es otra.
No es un juicio. Es una observación. Las huelgas modernas en la UPR son, en términos prácticos, una representación de lo que fueron las huelgas históricas. Los participantes ponen el cuerpo frente a un riesgo que, gracias al decreto federal,[6][7] ya no tiene las consecuencias que tuvo para Antonia Martínez Lagares,[1][2] para los tres muertos de 1971,[3] o para los estudiantes apaleados en 2010.[4][5] Eso no invalida los reclamos. El movimiento de 2026 tenía razón en sus señalamientos: la presidenta Zayira Jordán Conde fue impuesta, los rectores fueron destituidos arbitrariamente, el presupuesto fue saqueado, y el PC1256 es un intento de blindar legislativamente esa concentración de poder. Pero la herramienta que usaron para pelear, la huelga con portones cerrados, ya no tiene la fuerza que tuvo cuando el costo de usarla era genuinamente peligroso.
Y dentro de esa estructura, el liderazgo estudiantil tiene sus propios incentivos. Liderar una huelga en la UPR es una plataforma de visibilidad pública con valor político. No es especulación. Es un patrón con nombre y apellido. Manuel Natal fue líder estudiantil durante las huelgas de la UPR en 2010. De los portones pasó a la Escuela de Derecho, de la Escuela de Derecho a la Cámara de Representantes a los 27 años como uno de los legisladores más jóvenes en la historia de Puerto Rico, y de ahí a cofundar y dirigir el Movimiento Victoria Ciudadana,[9] el mismo partido que en 2026 emitió un comunicado formal respaldando la huelga contra la presidenta Zayira Jordán Conde.[10] La UPR como cantera de carreras políticas no es un secreto. Es una tradición con infraestructura propia: partidos que nacieron del activismo universitario ahora endosan las huelgas que producen la siguiente generación de candidatos.
Un líder estudiantil que está construyendo un perfil público con proyección política no va a arriesgar ese perfil sosteniendo una paralización hasta las últimas consecuencias. Cuando el semestre se acaba, cuando los fondos federales están en riesgo, cuando el tribunal emite un interdicto, la decisión racional para quien piensa a largo plazo es negociar lo que haya sobre la mesa y declarar que se lograron avances. Es exactamente lo que vimos en Río Piedras. Los líderes del Comité Negociador firmaron un preacuerdo con concesiones que cualquier rectoría otorga al final de cualquier huelga y le pasaron la decisión a una asamblea recomendando ratificar. Es un movimiento clásico: si la asamblea aprueba, los líderes dicen que el pueblo decidió; si rechaza, dicen que intentaron negociar de buena fe. En la práctica, cuando un estudiantado agotado después de 21 días ve a sus propios portavoces diciendo que esto es una victoria, el resultado está prácticamente escrito antes de que se cuente el quórum.
La administración de la presidenta Zayira Jordán Conde probablemente entendía esta dinámica. No tuvo que enviar a la policía a romper portones ni escalar a una confrontación física. No hizo falta. Solo tuvo que esperar. El reloj del semestre hizo el trabajo. Los líderes estudiantiles hicieron el resto.
Los otros sectores que acompañaron el movimiento, los profesores de APPU, los empleados de HEEND, los trabajadores del Sindicato, cumplieron un rol importante de solidaridad y presión institucional. Pero una paralización indefinida no se sostiene con comunicados y conferencias de prensa. Se sostiene con cuerpos en los portones. Y esa carga, al final, siempre recae en el estudiantado. Cuando el estudiantado acepta lo que está sobre la mesa, se acabó.
Y aquí es donde la huelga de la UPR conecta con algo más grande que la UPR.
La maquinaria política que controla las designaciones a la Junta de Gobierno de la UPR es la misma maquinaria que controla el Departamento de Educación de Puerto Rico. El DE maneja un presupuesto recurrente de aproximadamente $2,000 millones anuales, y en años recientes ha administrado cerca de $7,000 millones adicionales en fondos federales de estímulo y recuperación.[11][12] Es la agencia más grande del gobierno y el tercer distrito escolar más grande de Estados Unidos por número de empleados.[13] Y su historial no es de educación. Es de corrupción federal documentada.
Víctor Fajardo, Secretario de Educación de 1994 a 2000, fue convicto en 2002 de liderar un esquema de robo, extorsión y lavado de dinero por $4.3 millones. Los fondos federales estaban destinados a computadoras y capacitación de maestros. En vez de llegar a las escuelas, terminaron en cuentas personales y en las arcas de un partido político. Cumplió 13 años en prisión federal.[14][15]
Julia Keleher, Secretaria de Educación de 2017 a 2019, se declaró culpable en 2021 de dos cargos federales de conspiración para cometer fraude. Dirigió más de $15 millones en contratos gubernamentales a negocios no cualificados con conexiones políticas. Intercambió terrenos de una escuela pública por un apartamento de lujo que alquiló a $1 mensual. Cerró cientos de escuelas tras el huracán María. Fue sentenciada a 6 meses de prisión federal, 12 meses de arresto domiciliario y una multa de $21,000.[15][16][17]
Dos secretarios de Educación de dos administraciones distintas, convictos en tribunales federales por robar fondos destinados a la educación de los niños de Puerto Rico. Esto no es un problema de un partido. Es un problema de una maquinaria de gobierno que ha tratado el presupuesto educativo como un fondo de patronazgo, administración tras administración, sin importar quién ocupe La Fortaleza. El Centro de Periodismo Investigativo ha sido una de las pocas instituciones que ha documentado este patrón con la rigurosidad que merece, dedicando una clase magistral específicamente al hilo de corrupción que conecta ambos casos.[15] El trabajo del CPI sobre el Departamento de Educación es de las investigaciones más importantes que se han hecho en Puerto Rico en las últimas dos décadas, y sin ese trabajo periodístico gran parte de lo que hoy se sabe sobre cómo se administran los fondos educativos en esta isla simplemente no existiría en el registro público.
Mientras tanto, en las escuelas públicas, circula entre comunidades escolares que algunos planteles ya operan con semanas de cuatro días, con los viernes efectivamente eliminados del calendario lectivo. Es una observación que se repite en conversaciones de padres y maestros a lo largo de la isla, aunque no ha sido documentada formalmente como política del DE. Lo que sí está documentado es la pérdida sostenida de matrícula (el DE ha perdido casi 100,000 estudiantes en la última década),[13] la falta crónica de personal (el DE ha necesitado cientos de maestros y directores adicionales cada año),[13] y una infraestructura escolar que la propia Keleher describió como deteriorada antes de su arresto.[16]
La cadena de designaciones políticas que produjo a Fajardo y a Keleher en el Departamento de Educación opera a través de los mismos mecanismos que determinan quién preside la UPR. El Secretario de Educación ocupa un asiento ex officio en la Junta de Gobierno de la universidad,[18] y los demás miembros son nombrados desde La Fortaleza. El patrón no es coincidencia. Es infraestructura.
Y dentro de ese patrón, la respuesta de la administración de la presidenta Zayira Jordán Conde a la huelga cobra otro significado. La Certificación 81, que activó clases remotas y métodos alternos durante la paralización,[19] no fue solo una medida de emergencia. Fue consistente con una trayectoria más amplia de empujar la educación universitaria hacia modelos a distancia y cursos cortos que, de consolidarse, erosionarían lo que la UPR ha representado desde su fundación: una universidad pública presencial, investigativa, con vida de campus, participación estudiantil y gobernanza democrática interna. Si la educación fuera la prioridad de la maquinaria política, el presupuesto de la UPR no habría perdido la mitad de su valor en una década, los fondos del DE no habrían terminado en cuentas personales de secretarios convictos, y la respuesta a una huelga por gobernanza no sería virtualizar la universidad para vaciarla por dentro.
Esa es la paradoja de la huelga UPR 2026. Los reclamos que motivaron la paralización, el presupuesto, la gobernanza, la legitimidad de la presidencia, siguen sin resolverse. Pero la herramienta que se usó para exigirlos ya no tiene la fuerza que tuvo en décadas anteriores. La fuerza la tiene la maquinaria política, el calendario, el tribunal, y la certeza de que el liderazgo estudiantil no iba a sostener una paralización más allá del punto donde el costo personal superara el beneficio. La huelga terminó. Las condiciones que la provocaron siguen intactas. Y la próxima vez que se cierren los portones, la estructura que determina el desenlace será la misma.
[1] Hiram Sánchez Martínez, "Antonia, tu nombre es una historia" (2019), reseñado en NotiCel, "Libre e impune el asesino de Antonia Martínez", marzo 2019. Investigación sobre el asesinato de Antonia Martínez Lagares el 4 de marzo de 1970, incluyendo la acusación y absolución del agente.noticel.com
[2] Wikipedia, "Antonia Martínez". Entrada documentada con fuentes primarias sobre el asesinato, la protesta anti-ROTC, y el contexto de las reformas universitarias de 1970.en.wikipedia.org
[3] DailyKos, "World Day of Solidarity with the UPR". Registro de los eventos del 11 de marzo de 1971: tres muertos, ocupación policial del campus de Río Piedras, y las decisiones institucionales que siguieron, incluyendo la remoción del ROTC y el compromiso de resolver conflictos sin intervención policial.dailykos.com
[4] Primera Hora, cobertura en tiempo real de la huelga UPR 2010. Múltiples reportajes documentando golpes policiales, arrestos, uso de la Fuerza de Choque, y heridos entre el estudiantado durante las manifestaciones contra la cuota de $800.primerahora.com
[5] American Civil Liberties Union, "Victory! Historic Agreement Will Overhaul Puerto Rico Police Department Notorious for Brutality", julio 2013. Documenta la investigación de la ACLU iniciada en marzo 2011, la demanda del DOJ en 2012, y la firma del decreto de consentimiento. Incluye la declaración del investigador principal sobre la supresión violenta de manifestaciones estudiantiles.aclu.org
[6] American Civil Liberties Union, "Justice Department Settles With Puerto Rico Police Department on Brutality", julio 2013. Confirma la demanda de la ACLU contra el PRPD por golpear a manifestantes pacíficos y los términos del acuerdo, incluyendo la provisión de reuniones del monitor con la sociedad civil y grupos estudiantiles universitarios.aclu.org
[7] Oficina del Monitor Federal de la Policía de Puerto Rico. Resumen del decreto de consentimiento de 2013, los 301 requisitos de reforma, el estado de cumplimiento, y el alcance de las reformas en uso de fuerza, control de multitudes, y respuesta a manifestaciones.fpmpr.org
[8] Centro de Periodismo Investigativo, "[Fact Check] Can the U.S. President Remove Puerto Rico from the Police Reform at the Governor's Request?", mayo 2025. Incluye las declaraciones de Fermín Arraiza, director legal de la ACLU de Puerto Rico, sobre la autoridad exclusiva del juez Francisco Besosa para terminar el acuerdo, y el contexto de la solicitud de la gobernadora Jenniffer González a la administración Trump.periodismoinvestigativo.com
[9] Wikipedia, "Manuel Natal Albelo". Trayectoria documentada: líder estudiantil en las huelgas de la UPR en 2010, presidente del consejo estudiantil en la Escuela de Derecho, representante a la Cámara por acumulación a los 27 años (2013), cofundador y Coordinador General del Movimiento Victoria Ciudadana.es.wikipedia.org
[10] Movimiento Victoria Ciudadana, "Victoria Ciudadana respalda reclamos de la comunidad universitaria y exige la salida de la presidenta de la UPR", mayo 2026. Comunicado del Consejo Ciudadano Nacional respaldando la huelga y exigiendo la salida de la presidenta Zayira Jordán Conde.mvc.pr
[11] Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, "A $7 billion opportunity to strengthen education in Puerto Rico", 2022. Documenta el presupuesto recurrente de $2,000 millones del Departamento de Educación y los $7,000 millones en fondos federales extraordinarios.oversightboard.pr.gov
[12] Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, "Oversight Board and Government Submit Jointly Developed $13 Billion Budget for Fiscal Year 2026", 2025. El presupuesto propuesto incluye $8,600 millones combinados para educación, seguridad, salud y pensiones.oversightboard.pr.gov
[13] Wikipedia, "Puerto Rico Department of Education". El DE es la agencia más grande del gobierno con más de 72,000 empleados, el tercer distrito escolar más grande de Estados Unidos, y ha experimentado una pérdida sostenida de matrícula y escasez crónica de personal docente y administrativo.en.wikipedia.org
[14] The 74, "Complicated Crusader to Accused Federal Conspirator: Ex-Puerto Rico Education Secretary Julia Keleher's 'Surreal' Journey", agosto 2019. Documenta la condena de Víctor Fajardo: $4.3 millones robados, fondos destinados a computadoras y capacitación docente, dinero canalizado a un partido político.the74million.org
[15] Centro de Periodismo Investigativo, "Master Class for Journalists on the Department of Education and Its History of Corruption", agosto 2021. Clase magistral del CPI sobre el patrón de corrupción que conecta los casos de Fajardo (13 años en prisión federal) y Keleher. Incluye la observación de que bajo Fajardo se centralizó la dinámica escolar, eliminando autonomía de escuelas y distritos.periodismoinvestigativo.com
[16] The 74, "Julia Keleher, Former Puerto Rico Education Secretary, Sentenced to 6 Months in Federal Prison on 2 Felony Corruption Charges", diciembre 2021. Sentencia, cargos, esquema de contratos fraudulentos por $15+ millones, intercambio de terrenos escolares por apartamento de lujo.the74million.org
[17] Education Week, "Puerto Rico's Former Education Secretary Pleads Guilty to Fraud Conspiracy", junio 2021. Declaración de culpabilidad, reacción de la Asociación de Maestros, y contexto histórico de corrupción en el DE.edweek.org
[18] Junta de Gobierno de la UPR. Composición: el Secretario de Educación es miembro ex officio. Los demás miembros son nombrados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado.juntagobierno.upr.edu
[19] Metro Puerto Rico, "Presidenta de la UPR activa educación virtual por huelga estudiantil", 3 de mayo de 2026. Activación de la Certificación 81 para clases remotas y métodos alternos durante la paralización.metro.pr
Esta página permanece como registro editorial permanente de la crisis. La PortadaPR asume su posición: la crisis de la UPR fue producto de decisiones documentadas de una administración que gobernó sin la confianza de la comunidad que dice servir, y la huelga terminó sin resolver ninguna de las condiciones que la provocaron.
La asamblea de Río Piedras ratificó el 18 de mayo los nueve acuerdos con la rectora interina Mayra Charriez Cordero. Los portones se abrieron el 19 de mayo. Después de 21 días de huelga indefinida en el recinto más grande del sistema, el movimiento estudiantil aceptó: no represalias, endoso del PC1201, extensión del calendario académico hasta el 2 de junio, seguridad alimentaria, retención de ResiCampus, protocolo para estudiantes internacionales, y auditoría de la política de nombre escogido. Son concesiones operativas de una rectoría local. Son las mismas que se firman al cierre de cada huelga en la historia de la UPR. No son victorias. Son el piso mínimo.
Lo que el movimiento no logró: la renuncia de la presidenta Zayira Jordán Conde, la restitución de los cinco rectores destituidos, la restauración de la fórmula del 9.6%, la eliminación del PC1256. Cero de los cuatro reclamos que justificaron cerrar 11 recintos fue atendido. La presidenta Zayira Jordán Conde no participó en ninguna mesa, no firmó ningún documento, y el día de la asamblea no estuvo disponible para dialogar con el comité negociador. La rectora interina Charriez Cordero, en cambio, la agradeció públicamente "por sostener un diálogo en ánimo de atender las preocupaciones del estudiantado," un diálogo en el que Zayira nunca se sentó.
El viernes 15 de mayo, esta redacción escribió en esta misma página: "Si Río Piedras abre los portones el lunes, la huelga se acabó. Zayira Jordán Conde sale airosa sin haber cedido nada." Es exactamente lo que ocurrió. La estrategia de desgaste que Christian Colón Maldonado denunció en Claridad funcionó: la administración de Zayira extendió reuniones, retuvo borradores, dejó correr el semestre y esperó. Los líderes del movimiento firmaron concesiones cosméticas y le pasaron la decisión a la asamblea recomendando ratificación. La asamblea ratificó. La huelga murió en la mesa de negociación, no en los portones.
Los otros nueve recintos habían levantado sus paros de 24 a 72 horas semanas antes. Mayagüez fue la excepción: el 18 de mayo, mientras Río Piedras votaba, estudiantes del RUM cerraron portones que el tribunal había ordenado abrir, formaron cadenas humanas en los accesos de Barcelona y Finca Alzamora, y confrontaron a la Guardia Universitaria. La presidenta del CGE del RUM, Tainary Delgado, y la portavoz Rayna Ramírez Vázquez siguen como demandadas en el interdicto del juez Tomás Báez Collado. Mayagüez fue el único recinto que mostró más convicción que la mesa de negociación de Río Piedras.
Un dato que la presidenta Zayira Jordán Conde reveló durante la crisis: 1,147 estudiantes cancelaron su admisión para 2026. La administración lo presentó como daño causado por la huelga. El movimiento lo leería como evidencia de una institución que se desangra bajo una presidencia que la comunidad universitaria nunca respaldó.
La huelga se acabó. Las razones que la provocaron siguen intactas. La presidenta Zayira Jordán Conde sigue en la presidencia. El PC1256 sigue vivo en la Cámara. La fórmula del 9.6% sigue eliminada. Los cinco rectores siguen afuera. La universidad pública de Puerto Rico reabrió físicamente y quedó más cerrada por dentro.
La asamblea estudiantil de Río Piedras ratificó el 18 de mayo un preacuerdo con la rectoría local que no incluyó ningún reclamo sistémico. Los portones se abrieron el 19 de mayo. La presidenta Zayira Jordán Conde no negoció, no firmó y no cedió nada. La huelga terminó. La crisis de gobernanza de la UPR, no.
Once recintos universitarios están paralizados o han decretado paros. Estudiantes, profesores, personal no docente y trabajadores de planta física exigen la renuncia de una presidenta que la comunidad universitaria nunca escogió, que destituyó a cinco rectores a puerta cerrada, que ha respondido a los reclamos con tribunal y policía, y que dijo públicamente que en la UPR no había crisis mientras los portones de nueve recintos estaban cerrados.
La presidenta se llama Zayira Jordán Conde. Fue designada en junio de 2025 por la Junta de Gobierno de la UPR, un cuerpo cuyos miembros son nombrados mayoritariamente desde La Fortaleza. El exgobernador Alejandro García Padilla lo resumió esta semana sin ambigüedad: "La presidenta Zayira Jordán Conde se nombra desde La Fortaleza." La propia junta editorial de El Nuevo Día, el periódico de mayor circulación en Puerto Rico, documentó que Jordán Conde fue nombrada "contra la opinión de todos los organismos universitarios." Desde el primer día, los 10 Senados Académicos, los Consejos Generales de Estudiantes y la Junta Universitaria han retirado la confianza a su gestión. Un año después, no ha logrado ganarse la legitimidad que no traía.
La crisis tiene una fecha de ignición precisa. El 26 de marzo de 2026, a puerta cerrada, la Junta de Gobierno respaldó la decisión de Jordán Conde de remover a cinco de los once rectores del sistema: Angélica Varela Llavona en Río Piedras, Agustín Rullán en Mayagüez, y los rectores de Bayamón, Ponce y Aguadilla. En palabras de El Nuevo Día, Rullán y Varela "gozaban del apoyo y respeto en sus respectivos recintos." La APPU calificó la decisión como "una crisis insostenible" y señaló que la presidenta les "había declarado la guerra" a los docentes una semana antes de lo de las rectorías.
La respuesta fue inmediata. El 13 de abril, el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) decretó una manifestación indefinida. El 15 de abril, representantes estudiantiles y profesores ante la Junta Universitaria abandonaron una reunión pautada con la presidenta cuando Jordán Conde rechazó incluir el tema de su destitución en la agenda. El 21 de abril, una asamblea estudiantil de Río Piedras votó contra el Plan Fiscal de la UPR de 2021, calificándolo como "un documento deficiente, reiterativo, carente de imaginación institucional y ofensivo para la comunidad universitaria." El 25 de abril, cientos de estudiantes, profesores y empleados de los 11 recintos marcharon desde la Plaza Colón del Viejo San Juan hasta los portones de La Fortaleza. La gobernadora Jenniffer González Colón no los recibió. El 27 de abril, Río Piedras, el recinto más grande del sistema, decretó huelga indefinida.
Para la primera semana de mayo, los 11 recintos de la UPR habían decretado alguna forma de paralización. Aguadilla, Bayamón, Carolina y Humacao entraron en paros de 72 horas. Arecibo, Ciencias Médicas y Ponce activaron paros de 48 horas. Cayey y Utuado sumaron paros de 24 horas. No hay un solo recinto que no se haya pronunciado.
Este no es un pleito entre estudiantes y una funcionaria. Es un frente multisectorial documentado:
Los Consejos Generales de Estudiantes de los 11 recintos, los 10 Senados Académicos, la Junta Universitaria y los senadores claustrales han retirado la confianza a Jordán Conde, señalándola por tomar decisiones sin seguir los procesos universitarios y por un estilo de liderazgo cerrado al diálogo.
La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), bajo la presidencia de María del Mar Rosa Rodríguez, ha documentado que un estudio de retribución docente estuvo listo desde agosto de 2025 y ha estado paralizado en el escritorio de Jordán Conde desde septiembre. La presidenta de la APPU ha denunciado que la administración mantiene fondos externos sin bajar y que Jordán Conde le había "declarado la guerra" a la docencia antes de las destituciones.
La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), bajo Hilda Torres Guzmán, ha señalado que los empleados de la UPR llevan sin aumento salarial desde 2014 y que la administración no ha cumplido con los planes de clasificación y retribución acordados.
El Sindicato de Trabajadores de la UPR, que agrupa a más de 1,045 empleados de planta física y mantenimiento, aprobó un voto de huelga en asamblea general y se unió a las líneas de protesta en todos los recintos. Su vicepresidente, Carlos Matías, ha denunciado que la presidenta tiene información "secuestrada" que corresponde entregar y que la crisis "no es fiscal, es crisis provocada."
La Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU) y la Mesa de Diálogo Martin Luther King Jr. también se han solidarizado con los reclamos.
El patrón documentado es el siguiente: donde la comunidad pide diálogo, la administración ha respondido con control operacional.
Jordán Conde activó la Certificación 81 de la Junta de Gobierno, que permite suspender desembolsos y activar clases a distancia en caso de "interrupción ilegal." Instruyó a los rectores a certificar servicios, documentar interrupciones y activar métodos alternos de enseñanza. En Mayagüez, la administración obtuvo un interdicto permanente del tribunal ordenando al Consejo General de Estudiantes reabrir los portones. En Río Piedras, según el movimiento estudiantil, la rectoría "funciona como si no hubiese una huelga" y no ha enmendado el calendario académico. El portavoz Christian Colón Maldonado ha denunciado que tras cuatro reuniones inconclusas, la presidencia no ha entregado borradores escritos de los acuerdos verbales y ha extendido las reuniones como táctica de desgaste para llegar al fin del semestre sin resolver.
Jordán Conde ha invitado a los estudiantes a "abrir sus mentes" y a "dejarla trabajar." Propuso un Comité de Diálogo Estudiantil de "3 a 5 personas ecuánimes." El movimiento estudiantil de Río Piedras respondió que ya existía un comité de negociación de huelga reconocido y que la presidenta "está ignorando los correos, las cartas que se le han enviado, en contradicción directa con lo que ella mencionó de que está abierta al diálogo."
En una declaración que la propia presidenta de la APPU calificó como indignante para toda la docencia, Jordán Conde dijo públicamente que no existía una crisis en la UPR.
El reclamo económico no es secundario. Es estructural.
Desde 2017, la Junta de Supervisión Fiscal eliminó la asignación presupuestaria de la UPR bajo la Ley 2 de 1966, que establecía que la universidad recibiría el 9.6% de los ingresos al Fondo General del Estado. Restaurar esa fórmula es uno de los reclamos centrales de la huelga, desde el movimiento estudiantil hasta la APPU, la HEEND y el profesorado del RUM que el 12 de mayo se manifestó frente a las propias oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal.
La administración de Jordán Conde sometió un plan fiscal que, según sus declaraciones, se compromete a no subir matrícula y a proteger el retiro. Pero el estudiantado de Río Piedras votó contra ese plan en asamblea, calificándolo de ofensivo. La desconfianza no es abstracta: cuando la comunidad universitaria no tiene poder interno real para fiscalizar las decisiones, una promesa escrita en un plan fiscal que la propia Junta de Supervisión Fiscal puede rechazar no es una garantía, es una declaración de intenciones sin mecanismo de cumplimiento.
La Junta de Supervisión Fiscal, por su parte, condicionó la entrega de $40 millones a la consolidación de recintos (Aguadilla, Arecibo y otros) y exigió a la UPR un plan fiscal revisado para el 1 de mayo de 2026. Los profesores del RUM han documentado con datos de investigación las repercusiones de los recortes presupuestarios sobre laboratorios, infraestructura y servicios.
El 5 de mayo de 2026, el representante Jorge "Georgie" Navarro radicó el Proyecto de la Cámara 1256, titulado "Ley para la Estabilización Institucional, Operacional y Fiscal de la Universidad de Puerto Rico de 2026." El proyecto propone una "intervención excepcional, temporera, improrrogable y proporcional" por un término de cinco años.
Lo que hace en la práctica: fortalece a la propia Junta de Gobierno de la UPR incorporando como miembros con voz y voto a Jordán Conde y a los rectores de los 11 recintos, y le confiere facultades extraordinarias y centralizadas para todas las determinaciones institucionales. A cambio, suspende las facultades decisionales de los Senados Académicos, las Juntas Administrativas, la Junta Universitaria y los Claustros, reduciéndolos a "funciones consultivas." Propone intervención policiaca.
La CMRU lo rechazó públicamente. Sus críticos argumentan que bajo el lenguaje de estabilización, el PC1256 convertiría la crisis en una oportunidad para centralizar poder en los mismos actores que la comunidad universitaria señala como responsables de la crisis. Si la solución legislativa a una huelga contra la concentración de poder es concentrar más poder, la universidad puede reabrir físicamente y quedar más cerrada por dentro.
El sector universitario respalda en cambio el PC880, radicado en septiembre de 2025, y el PC1201 como alternativas de reforma que preservan la gobernanza participativa.
Lo que empezó como un reclamo contra una presidenta se ha convertido en una disputa sobre quién tiene derecho a gobernar la universidad pública de Puerto Rico, con qué legitimidad y al servicio de qué proyecto.
La administración quiere presentar la huelga como un problema de continuidad académica, fondos federales y acceso a clases. Ha invocado el riesgo de perder la elegibilidad del Departamento de Educación federal y la acreditación de Middle States, que ya solicitaron información a los recintos de Río Piedras y Mayagüez. Es un argumento real: en 2017, una huelga prolongada resultó en la pérdida temporal de elegibilidad de ayuda económica en cinco recintos.
Pero el movimiento estudiantil ha respondido con datos: en Río Piedras las labores académicas continúan mediante modalidades alternas, y en Mayagüez se ha consultado al estudiantado sobre la enmienda al calendario. Como ha señalado Orlando Ramos Rosado, del Comité de Negociación de Huelga de Río Piedras: "Si no hay una interrupción de las labores académicas, no hay un riesgo de pérdida de fondos."
La razón por la que una negociación superficial no ha roto el tranque es que no se está discutiendo solo cómo abrir portones. Se está discutiendo si la universidad pública de Puerto Rico va a seguir siendo gobernada por una administración que la comunidad universitaria rechaza y que la Legislatura puede ahora blindar con poderes extraordinarios, o si va a recuperar los mecanismos internos de participación, fiscalización y contrapeso que históricamente han definido su identidad.
Esa es la huelga. Esa es la pregunta.
Editorial La PortadaPR, mayo 2026
La huelga terminó sin que ningún reclamo sistémico fuera atendido. Río Piedras abrió portones. Mayagüez resistió más que la mesa de negociación. La presidencia y el conflicto de gobernanza siguen intactos.
Fuentes seleccionadas para leer el registro de la huelga. Cada enlace apunta a una pieza, documento, certificación, búsqueda o página institucional directamente útil sobre la crisis UPR, no a portadas genéricas.
La línea institucional, fiscal y de gobernanza que permite verificar versiones.
Actores del conflicto con declaraciones o documentos directamente relacionados.
Artículos concretos sobre cierres, tribunal, plan fiscal y gobernanza.
Fuentes con postura explícita o contexto investigativo, incluidas porque apuntan directamente a la huelga.